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Artículo originalmente publicado por el autor en eldiario.es y El Periódico de Extremadura.A partir de ahora, mi padre ya tendrá algo en común con sus nietos: las historietas de cuando, en pantalón corto y muerto de miedo, tenía que recitar la lista de los reyes godos ante un siniestro tribunal de cátedros para sacarse el bachillerato. ¡Sí, vuelve la revalida! Como en el peor episodio de alguna de esas series nostálgicas de la tele. El gobierno, que está en funciones para lo que le interesa (para evitar comparecer en comisiones parlamentarias, por ejemplo), aprobó hace unos días el decreto según el cual a los alumnos de 16 y 18 años ya no les basta con aprobar la ESO o el Bachillerato; si quieren el título, tendrán que superar, además, una serie de exámenes elaborados por un comité de subsecretarios del Ministerio. Serán cinco días resolviendo problemas y marcando casillas de test para obtener entre el 30% y el 40% de su nota final. Así que, ya saben, procuren que durante la semana de la revalida sus hijos no están enfermos, ni nerviosos, ni afectados por problemas personales, porque lo que hagan durante esos cinco días valdrá prácticamente lo mismo que lo logrado en todos sus años de estudio.
Pero las revalidas no solo ningunean el trabajo de los alumnos, sino también el de los profesores. Cientos de clases, ejercicios, trabajos, exámenes y reuniones no serán suficientes para autorizar sus evaluaciones. Estas se supeditan ahora al (y se igualan, prácticamente, en cuanto al valor final, con) el examen de cinco días de los burócratas del Ministerio. Otra pedrada más (y van...) a la dignidad del profesorado.
Olvídense, también, de todo lo que sea innovación pedagógica: ni educación por proyectos, ni trabajos de grupo, ni debate o diálogo crítico en las clases, ni expresión artística, ni educación en valores, ni nada que no quepa convertir en preguntas tipo trivial acerca de contenidos estandarizados. Por demás, dada la extensión de tales contenidos los profesores tendrán que olvidarse de enseñar nada para convertirse en una suerte de “preparadores de oposiciones” para adolescentes de 12 a 18 años. Si siempre ha sido difícil retener la atención de los chicos, imaginen ahora para inculcarles de memoria los hipertrofiados temarios LOMCE, o para ensayar con ellos un test tras otro, como en las autoescuelas.
Por otra parte, la justificación del gobierno – dada en el propio decreto – para, pese a estar en funciones, imponer una ley que rechaza la mayoría de la comunidad educativa y la totalidad de los partidos políticos, es desvergonzada hasta decir basta. De un lado, se escuda en la urgencia de reglamentar las pruebas para, a continuación, dilatar su concreción... ¡Hasta finales de noviembre! (De lo que se trataba, es obvio, era de aprobar el decreto antes de tener que gobernar en minoría). De otro lado, acude al conocido argumento acerca del valor de las revalidas para fomentar el rendimiento y la motivación de los alumnos, algo que se ha revelado, una y otra vez, como ineficaz y que, desde una torpe y desfasada filosofía pedagógica, coloca a los alumnos – a su supuesta “pereza” e irresponsabilidad – como principales responsables de los problemas del sistema educativo.
Porque de lo que se trata, en el fondo, es de imponer de nuevo la vieja “pedagogía” de palo y tentetieso. Esa pedagogía castiza incapaz de entender que alguien pueda disfrutar con el aprendizaje, que exhibe soluciones simplonas (¡más exámenes!) para problemas complejos, y que inculca en los alumnos, no el amor por el conocimiento o las actitudes cívicas, sino la obsesión por los resultados cuantitativos (y el correspondiente sentimiento de culpa cuando estos no se logran). Una pedagogía, esta, en retroceso, y que ha mostrado una y mil veces su absoluta inutilidad. Así, mientras en Europa (¡y en las mejores escuelas de pago!) se vira hacía pedagogías comprensivas, con currículos flexibles, pocos exámenes, y centradas en la motivación y el interés del alumno, aquí volvemos al espíritu de las revalidas – ¡con el que ya acabó la ley franquista de 1970! – y al modelo de escuela de Don Minervo, el maestro cazurro de los hermanos Zipi y Zape.
Urge, pues, hacer algo para evitar este dislate que, además, amenaza a la ya maltrecha escuela pública. Pues la revalida también servirá para clasificar (y dotar) a los centros en función de los resultados de sus alumnos (con una no especificada ponderación según el nivel socioeconómico de los mismos). Esto, como ha pasado en otros países, solo servirá para crear centros marginales a los que nadie querrá ir, y, claro está, para animar la demanda de los concertados y los privados, en los que no suele encontrarse uno niños de familias poco fetén – de esos que bajan las medias –.
La Generalitat de Cataluña ya ha anunciado que recurrirá el decreto. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha y Extremadura están estudiando, también, el recurso. Alguna confederación de padres (CEAPA) anuncia medidas. Es hora de que el resto de las comunidades autónomas (que, además, han quedado absolutamente excluidas del proceso de elaboración de esas malhadadas revalidas) manifiesten su oposición. La derogación de este decreto (o de la Ley Wert en su totalidad) tendría que ser condición innegociable de cualquier negociación política.