La tarea más inmediata, si se quiere ir del gesto al hecho y al derecho en política migratoria, consiste en convencer a la ciudadanía de la necesidad de esas medidas políticas. Ahora bien, aquí hay varias opciones. Un gobierno netamente liberal podría limitarse a usar el argumento pragmático acerca de la rentabilidad a medio plazo de la acogida masiva de migrantes. Pero con esto no basta si gran parte de la población nativa no entiende o comparte ese argumento, ni si quien lidera la política es un partido socialdemócrata con el marchamo “de izquierdas”. En estos casos, especialmente en el segundo, hay que ir más allá del argumento pragmático. Tan lejos de este que casi empecemos a rozar la idea de justicia.
Interesa, en ese caso, convencer concienzudamente a la ciudadanía de (1) que las migraciones son un fenómeno político y económico provocado por la desigualdad económica y las guerras del que nosotros mismos, además, hemos sido
parte mucho antes que
juez; (2) que todos los seres humanos tienen el mismo derecho a vivir en paz y en un entorno seguro y digno; (3) que la condición humana está por encima de cualquier consideración nacional o defensa de privilegios económicos en nombre del presunto y discutible mérito consistente en
haber nacido aquí o allí; (4) que la solidaridad no es caridad ni «echar un mano», sino reparación y reparto de los recursos que, en términos racionales, no tenemos el más mínimo derecho a considerar exclusivamente nuestros.
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