¿Es legítimo que el sistema de salud pública (es decir, el Estado) acepte donaciones privadas millonarias, como las de la Fundación Amancio Ortega, para financiar necesidades sanitarias? ¿Qué coste suponen al Estado y la sociedad aceptar estas donaciones?... Sobre esto trata nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura. Para leer la noticia completa
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