¿Han de asistir los representantes públicos a las procesiones religiosas de Semana Santa? ¿Han de participar en ellas miembros y autoridades del Ejército? ¿Está bien que la enseña nacional ondee a media asta en edificios públicos en señal de duelo por la muerte de Jesucristo? ¿Es justo gastar fondos públicos para conmemorar –en un país aconfesional– algo que, en teoría, solo incumbe a creyentes? Sobre esto trata nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura.
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