En democracia no hay peores leyes que las innecesarias. Tensan gratuitamente la sociedad, no resuelven ningún problema y aumentan el ya de por sí excesivo arsenal legislativo. Pero la filosofía espontánea de los políticos va contra la economía legislativa: les incita a dejar permanentemente su sello en el Boletín Oficial del Estado.¿Qué es una ley innecesaria? Una ley que no responde a ninguna problemática real de la sociedad. Naturalmente, la pregunta siguiente es: ¿por qué los Gobiernos pierden el tiempo en leyes de este tipo? Por razones estrictamente ideológicas. No se trata de resolver un problema, sino de modelar el entorno según las propias ideas y querencias. Las leyes innecesarias son, por tanto, instrumento de la lucha ideológica, componente esencial, obviamente, de la competencia por el poder y por el control de la sociedad. Los Gobiernos nunca actúan de una manera neutral. Cuando afrontan problemas concretos, lo hacen obviamente desde una posición ideológica propia o adquirida. Las políticas de austeridad son un ejemplo de ello. En el caso de las leyes y de las decisiones innecesarias, porque no hay ninguna demanda social que las justifica, simple y llanamente todo es ideología. Madeleine Albright lo dijo de la guerra de Irak: “Era una guerra innecesaria”. Por pura ideología. Y todos hemos visto el desastre que ocasionó.
El Gobierno acaba de cerrar una ley innecesaria y de poner en marcha otra. La primera es la ley de educación: no respondía a ninguna necesidad, se trataba simplemente de enmendar ideológicamente la ley del Gobierno socialista. Poner sobre la educación la marca de la derecha: elitismo, religión, privatización, uniformidad cultural. ¿Resultado? Una ley de partido, doctrinal y sectaria, condenada a morir en el primer cambio de mayoría.
Ahora, el Gobierno promueve una ley de seguridad ciudadana. Después de tres años de brutales políticas de austeridad, si algo hay que decidir del comportamiento de la gente es que ha sido demasiado ejemplar. Ha aguantado con estoicismo recortes y pérdidas de derechos brutales. Y las respuestas sindicales y los movimientos sociales han sido, en la inmensa mayoría de las ocasiones, inobjetables en el ejercicio de los derechos democráticos. La respuesta del Gobierno es un ataque frontal contra derechos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación, cargado de propuestas ridículas más propias de un semanario satírico que del BOE. Pero el Gobierno ya nos ha dicho muchas veces que la disidencia es antipolítica. Y quiere aprovechar su mayoría absoluta para sentar las bases del autoritarismo posdemocrático. No es una ley para resolver, sino para provocar. Rajoy ha decidido ejercer de derecha dura, quizá para satisfacer al sector más reaccionario de su partido. Es probable que el presidente sea consciente de la reactividad que se oculta en una sociedad cargada de irritación y que otee un horizonte de conflictividad. En vez de plantear respuestas políticas, opta por reforzar el arsenal represivo. En el PP alardean de que en España no hay extrema derecha. La tienen en casa y a menudo gobierna.
Josep Ramoneda, Leyes innecesarias, El País, 01/12/2013