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Porque este es el segundo principio sin el cual no hay ningún posible “derecho a la fragilidad”. Para garantizar el derecho de los ciudadanos a ser normalmente cobardes y débiles, el Estado debe garantizar las condiciones en las que sea materialmente factible no convertir la vida cotidiana en una gesta moral; es decir, el Estado debe combatir al mismo tiempo el crimen organizado y las desigualdades sociales.
Cuando el Estado, como es el caso de Italia, se enreda promiscuamente en los mimbres mafiosos, su élites corruptas corrompen necesariamente, de arriba abajo, todo el entramado institucional y, peor aún, todo el entramado social. En una reciente conferencia muy recomendable, Scarpinato documenta esta relación de proporcionalidad directa entre los crímenes impunes de los grandes y los crímenes penados de los pequeños, entre la grandilocuencia de la legalidad formal y la sordidez selectiva de la legalidad real, entre la corrupción, el capitalismo global y la desigualdad, tanto en términos económicos cuanto -deriva inevitable- jurídicos y penales. No es una casualidad -dice Scarpinato- que en los países nórdicos, mucho más igualitarios, más de un 80% de la población tenga confianza en la Justicia; ni que ese porcentaje descienda vertiginosamente a un 36% en Italia, a un 13% en Bulgaria y a un nihilista 3% en México. Scarpinato no ofrece datos para España, pero mucho me temo que andaremos mucho más cerca de Italia que de Noruega.
Santiago Alba Rico, Patriotismo constitucional y derecho a la fragilidad, cuartopoder.es 23/12/2018 [https:]]