Es una trampa creer que la tecnología puede resolver por sí misma problemas que son fundamentalmente éticos y políticos. El reto más importante que tenemos por delante es uno de gobernanza. Si por cada euro que se invierte en inteligencia artificial se invirtiera otro euro en regulación y gobernanza, tendríamos más razones para ser optimistas sobre el futuro digital. Ahora mismo, los incentivos premian el uso de la inteligencia artificial para tomar decisiones. Si las instituciones usan algoritmos para tomar decisiones, se ahorran dinero al tener que pagar menos sueldos, pueden defender sus decisiones como si fueran objetivas, y si algo sale mal, pueden culpar al algoritmo. Cuando quienes más arriesgan (los ciudadanos a merced de los algoritmos) son diferentes que quienes más se benefician de ese riesgo (las empresas, los Gobiernos), se crean asimetrías de poder. El papel de los reguladores es asegurarse de que los incentivos de las instituciones estén alineados con los intereses de la población. Si la inteligencia artificial daña a los ciudadanos, tiene que haber consecuencias proporcionales para las personas responsables de ese algoritmo.A pesar de su complejidad, los algoritmos no son más que herramientas, y los agentes morales somos totalmente responsables de las herramientas que creamos y utilizamos. Si dejamos que los algoritmos decidan basándose en datos del pasado, seremos responsables de repetir nuestros errores, de frenar el progreso social a tal punto que empecemos a retroceder.Carisa Véliz, Inteligencia artificial: ¿progreso o retroceso?, El País 14/06/2019 [https:]]