El régimen de Mussolini empezó con una sedición (la marcha sobre Roma) que violaba la Constitución, pero que fue asumida por el rey como si se ajustara al ordenamiento jurídico y nunca osó dejar del todo atrás las viejas instituciones liberales para adoptar otras más adaptadas a la nueva realidad. En parte por este origen, la legislación, que quería ofrecer una imagen del régimen que no tenía nada que ver con la realidad, se convirtió en una farsa continua. Cuando convenía, se hacían leyes que tenían como único propósito defraudar la ley. O se promulgaban leyes ad ostentationem para simular que se satisfacían derechos o reivindicaciones que una disposición transitoria o un reglamento se encargaban de frustrar. Calamandrei describía el fascismo italiano como un régimen que no respetaba las leyes ni al hacerlas ni cuando las aplicaba y constataba que, actuando así, había destruido el “sentido de la legalidad” de los italianos, que había que recuperar para consolidar un régimen democrático. Y, en contraste con esta descripción, pensaba la democracia como un sistema que, por la manera cómo se legislaba, podía mantener viva la tensión entre el sentido de la legalidad, ligado a la conciencia de la necesidad de cumplir las leyes, y el sentido de la justicia, que permite sentir la injusticia de algunas leyes y la necesidad de cambiarlas. A su entender, la principal garantía de la libertad en democracia era la idea (no incompatible con las posteriores doctrinas clásicas sobre la desobediencia civil) de que, mientras eran vigentes, había que respetar las leyes para eliminar su posible injusticia.
Josep Maria Ruiz Simon, El sentido de la legalidad, La Vanguardia 17/09/2019 [https:]]