Existe una antiquísima disputa filosófica entre las llamadas éticas deontológicas y las éticas utilitaristas. Las primeras afirman que se debe actuar conforme a lo que es justo, sean cuales sean las consecuencias; las segundas que se debe actuar conforme a las consecuencias, sea o no “justo” lo que hagamos para generarlas. Se podrían citar cientos de dilemas morales para ilustrar esta controversia. Pero me interesa especialmente este. Como es sabido, desde principios de año el gobierno ha adoptado medidas para reducir la llegada de inmigrantes irregulares, la mayoría de ellas relativas a las labores de salvamento en el mar, que ahora se limitan a aguas jurisdiccionales y han dejado de tener naturaleza preventiva (los barcos y aviones de salvamento que antes patrullaban la zona, ahora solo acuden si se les avisa); el gobierno ha obligado, también, a anclar las embarcaciones de ONG (como el Open Arms) dedicadas a socorrer náufragos. A todo esto se le añade un política deliberada de control informativo que, desde hace meses, mantiene el problema migratorio fuera del foco mediático.
¿Qué significa esto para un gobierno que empezó su andadura con gestos como el del Aquarius? ¿Es moralmente admisible reducir – y hasta impedir – las tareas de salvamento que se venían realizando con éxito hasta hace unos meses? Cuesta trabajo admitir que el asunto no genere apenas debate o, al menos, ruido mediático o político, o que el gobierno no dé explicaciones, más allá de algunas reverendas vaguedades (esclarecedoras a veces, como cuando la vicepresidenta defiende una política migratoria que “bascule entre la seguridad y la defensa de los derechos humanos" – de lo cual se infiere que no todo va a ser respetar esos mismos derechos humanos – ). A todas luces la cuestión migratoria se ha convertido en un asunto tabú...
Pues bien, de todo esto tratamos en nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí.