Aunque el Diccionario de la Real Academia ayuda realmente muy poco -pues define la idiota como "hecho o dicho propio del idiota", y al idiota como "quien padece de idiocia"-, tras esa vieja palabra griega hay bastante miga. En tiempos arcaicos, cuando tiranos y reyes eran la norma, idiotés parece haber designado al simple particular, o cuando mucho al hombre común, por contraste con los de cuna o ingenio no común. Pero al optar algunas ciudades griegas por el autogobierno, idiotés pasó a nombrar una amalgama de desidia, pusilanimidad e inconsciencia, en épocas donde semejante cosa supone ceder las riendas del Estado a embaucadores y ladrones. De ahí que el idiota no fuese un simple imbécil o persona corta de luces, sino alguien que delegaba tranquilamente en otros el cuidado de lo común y, por tanto, suyo. Así lo expone Pericles en su discurso más célebre, donde termina diciendo que "quien se desentiende de lo público no es para nosotros tan sólo un tranquilo, sino un inútil".A mi juicio, esas palabras del 410 antes de Cristo siguen marcando en 1993 las lindes que separan a tranquilos (y parásitos suyos) de quienes, por citar otra vez a Pericles, "aman la belleza con economía y el saber sin molicie". Para estos últimos, desde luego, no hay modo de rehuir la idiocia -y con ella sucesivas clases políticas, dedicadas a pastorear con seres humanos a modo de ovejas- si la ciudadanía no se asegura el derecho a ser consultada, cuando ella lo decida, sobre cualquier norma obligatoria vigente. Otra cosa no merece llamarse democracia.Consolados por la posibilidad de echar periódicamente al prefecto, muchos olvidan que su verdadera conveniencia es pulir la prefectura. Al constatar la corrupción de un Gobierno -algo consustancial a la política, mientras se mantenga como profesión-, sólo piensan en votar a otro, incluso cuando le saben orientado básicamente a lo mismo. Y éste, aprovechando la suma de fraudes perpetrados por su antecesor, promete todo cuanto prometió aquél, pero en modo alguno reformar aquella estructura que le aupó a. campeón del cohecho. La bola rueda así, logrando que el censo se !resigne a optar por el gobierno de fulano o de mengano, e ignora su derecho a proponer o cambiar leyes. Con ello, una sociedad se condena a ser electorado manipulable en vez de ciudadanía constituyente, elemento pasivo en vez de activo.
Se objetará que todas las constituciones modernas parten de lo que Montesquieu llamó "moderación" del, poder, consagrando una estricta separación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero ¿dónde pasa eso? Aquí el Tribunal Constitucional lo nombran cuatro cuerpos, tras de los cuales están invariablemente las ejecutivas de los partidos. Menos independientes son aún las Cortes, cuyos miembros no podemos elegirlos uno a uno y por sus respectivos méritos, a juicio nuestro, sino en listas cerradas y numeradas de arriba abajo, que se aceptan o rechazan como lentejas: las comes o las dejas. De hecho, no se entiende cómo sus señorías osan siquiera llenar un hemiciclo cuyo destino es estar literalmente medio vacío,, considerando que representan a la mitad escasa del censo. Y si en los próximos comicios votasen todos, ¿haremos un hemiciclo con el doble de plazas, o se acomodarán los diputados unos encima de otros?
En tiempos de grandes ahorros, donde se le discuten subidas casi simbólicas a toda suerte de empleados -incluso de negocios enormemente prósperos-, ¿por qué no ceñir la representación de sus señorías a porcentajes? Mirando hacia el futuro, ¿no es razonable (y económico en grado sumo) un delegado del PSOE con equis votos, otro del PP con los suyos, y así sucesivamente? ¿No se lograría con ello que unos pocos asumieran personalmente las responsabilidades legislativas, en vez de imitar a una claque destinada a abuchear o aclamar en bloque lo mandado por alguna dirección, que reside siempre en otro sitio?
Metidos en la era informática, donde vale céntimos transmitir decisiones a la velocidad de la luz, ¿por qué acudir a las urnas una vez cada varios años, cuando un aparatito acoplado al televisor puede recibir todo el dossier relativo a cada ley, y lograr que los ciudadanos voten por sí mismos? Siendo tan sencillo a nivel técnico, ¿por qué no un sufragio continuo, puntual? ¿No sería una forma de incorporar al proceso legislativo ese 50% del censo que hoy declina intervenir? ¿Para quién sería catastrófico que pudiéramos votar cosa por cosa, ley por ley, en vez de elegir un mesías político de cuatro en cuatro años?
Los que ahora rondamos el medio siglo aprendimos en aulas y libros que las leyes eran meras superestructuras y que el progreso pedía pasar de la iniciativa privada a una férrea planificación estatal. Luego vimos que el bendito progreso -si alguien sigue creyendo en algo así- tiene otros horizontes, y que la solución ha sido mantener la privacidad a nivel de lucro, pero seguir calladamente al leninismo en su línea de burocratización a ultranza, hasta elevar el control de todo y de todos a finalidad última. De ahí que nuestro paisaje vuelva a ser el de unas simples leyes, unas leyes que podríamos acatar ciegamente y que también cabría mejorar en supuestos determinados.
Como esto segundo nadie lo hará por nosotros, y menos que nadie la profesión política, una manera de no rendirse es reivindicar formas de democracia directa, recurso al poder plebiscitario. Dando al electorado voz en el legislativo, tal como el jurado se la confiere en el judicial, el derecho de la ciudadanía a convocar consultas locales y nacionales es un innegable fortalecimiento de la libertad. Sienta participación allí donde sólo rige una inerme delegación, devolviendo a cada individuo su alta y honrosa responsabilidad en la custodia del bien público. Y déjenme añadir que mientras ese derecho no pueda ejercerse regirá en vez de la consulta popular su insidioso sucedáneo, el sondeo político, cuya meta no es tanto saber lo que alguien piensa como encauzar subliminalmente las preferencias del sondeado en una u otra dirección.
Pese a lo legítimo de querer ser consultado, en vez de manipulado con encuestas, y pese al imprevisto amigo que resulta ser el ordenador para montar tantos y tan económicos plebiscitos como queramos, es preciso tomar en cuenta que ciertas normas bloquean el camino. En primer término, un precepto constitucional -el apartado 32 del artículo 149- declara "prerrogativa exclusiva del Estado" (léase Gobierno) "la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".
Y bien, con idéntico motivo le asignaría uno al gremio de caseros la defensa del gremio de inquilinos, o al revés. Pero tal perversidad no viene sola, y se coordina con otro precepto -el párrafo 3 del artículo 87- que excluye consultas en materia fiscal o propia de ley orgánica, vedando así lo que . precisamente debe ser más vigilado, pues atañe a principios de organización política y al saqueo de nuestros bolsillos. Por si esto fuera poco, el comienzo del artículo declara que "una ley orgánica regulará formas y requisitos de la iniciativa popular para presentar proposiciones de ley". Dicha ley -qué casualidad, como la del jurado- no da remotas señales de vida desde 1978.
El casi es que toda norma admite interpretación, y tanto las Cortes como el Tribunal Constitucional podrían apoyarse en otros artículos de la Constitución (empezando por la primera frase del preámbulo) para instar un sistema plebiscitario accesible y rápido. Como poder y querer no son lo mismo, el ciudadano queda librado a preguntarse en qué campos parece más urgente instar consultas populares, y hacer uso de las vísperas electorales para pensar por sí mismo. Una vez abierto a esa perspectiva, el simple sentido común detecta bastantes proposiciones de ley con posibilidades de ganar holgadamente un referéndum; yo mismo ardo en deseos de comunicar alguna sobre función pública, soberanía fiscal y contratos-tipo. Si otros expusieran las suyas, hasta podría haber algún intercambio estimulante de impresiones.
Algo de origen tan pedestre difícilmente tendrá acomodo en los renovadores programas de PSOE, PP o IU. Cabe incluso que ningún partido se comprometa siquiera a desbloquear la ley orgánica prometida constitucionalmente, punto de partida insoslayable para que seamos ciudadanía en vez de puro rebaño. En ese caso, sin embargo, cuando llegue el bombardeo de inflamados mítines y frenética propaganda, con personas que juran servir muy fielmente nuestra libertad si acceden al Gobierno, quizá no sea el único en sostener que nos toman por idiotas.
Antonio Escohotado, Idiotas, El País, 05/05/1993